Femicidio de Florencia Romano: “La respuesta del Gobierno fue una agresión contra la familia”

Para quitarle responsabilidad al Estado, el abogado Canet sostuvo que la madre “faltó a sus obligaciones parentales”. El representante de la familia, Agustín Magdalena, cuestionó la capacitación en género del asesor del Gobierno y reclamó una sentencia ejemplar.

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Florencia Romano, de 14 años, fue asesinada en diciembre de 2020 en Maipú. El caso resonó en Mendoza y en el país porque el 911 había recibido una llamada de auxilio y no le dio curso. Actualmente, tienen condena tanto el femicida como la operadora policial que hizo caso omiso del alerta. La familia Romano realizó una demanda civil al Estado mendocino y se conoció la respuesta del asesor legal del gobierno, Ricardo Canet, que responsabilizó del crimen en el 50 % al asesino y en el otro 50 % a la madre.

El abogado Agustín Magdalena, representante de la familia, dialogó con Radio U. “La respuesta del doctor Canet fue un baldazo de agua fría para todo el mundo. Si a ustedes les llamó la atención, imagínense a nosotros, operadores de la justicia, que sabemos que todos los funcionarios públicos tienen que tener una capacitación –que es la capacitación de la Ley Micaela– que es tener una perspectiva de género en el tratamiento de todo lo que llegue a sus manos”.

“Recibir la respuesta del asesor de Gobierno fue una contundencia contra la familia, fue una agresión directamente contra la familia”.

Canet dijo: “No cabe ninguna duda de que al menos la progenitora (…) faltó a sus obligaciones parentales y no ejerció la debida vigilancia activa sobre su hija, a pesar de haber tomado conocimiento del concreto peligro que corría su hija”. Magdalena remarcó: “En pocas palabras, le está diciendo ‘mala madre’”.

La respuesta hace retroceder décadas a la justicia, lamentó, a épocas en las que culpaban a una mujer por su vestimenta si sufría un abuso o por su actitud si la golpeaban. Esto, repasó el abogado, fue “exactamente lo mismo”. Remarcó la revictimización de Florencia y tachó de “retrógrada” la reflexión de Canet.

Más allá del resultado de esta demanda, explicó Agustín Magdalena, “la responsabilidad del Estado está probada con la condena a la oficial Herrera, que fue la operadora del 911 que cortó el llamado. En ese expediente penal, se probó la responsabilidad y la pérdida de chance que tuvo Florencia Romano de ser salvada o hallada con vida”.

Fue el mismo juicio en el que se hizo una reconstrucción del recorrido desde la comisaría más cercana hasta el lugar del femicidio: la dependencia policial está a dos cuadras y tardaron cuatro minutos caminando en llegar. También se probó, mediante la tecnología del GPS, que había tres móviles en un radio de 100 a 150 metros. “Si la operadora hubiera cursado el llamado, Florencia aparecía con vida”, dijo el abogado.

La demanda por daños y perjuicios espera la sentencia para los primeros días de agosto. Magdalena contó que a la jueza que intervino en la causa desde el principio “mágicamente le salió la jubilación”, y ahora la causa está a cargo de otra magistrada, Marina Lilén Sánchez. “Lo único que nosotros pretendemos es que ella no sufra presiones del poder político, pretendemos que falle con perspectiva de género, que haga justicia por Florencia y que sancione ejemplarmente al Estado”.

“No puede ser que sigan pasando este tipo de hechos, los femicidios, que ande todo mal, que el 911 siga andando mal y el Estado no reciba una sanción, que el Estado no mejore”, dijo Magdalena.”